¿EL FIN DE LA DIVISIÓN DE PODERES?

En la Argentina, últimamente, es cada vez más común escuchar argumentos sobre la necesidad de abandonar el sistema tradicional de la división de poderes. Pero esto no es algo nuevo. De hecho, ya Schmidt, ideólogo del nazismo, se quejaba de la lentitud y la falta de representación del parlamento alemán. Por su parte, fue Mussolini quien se encargó de afirmar que “conforme la civilización asume formas más complejas, más tiene que restringirse la libertad del individuo”.

Hubo, hay y habrá gente que, en nombre del futuro, pretenda hacernos retroceder al más inhóspito e inadecuado pasado, en el que una persona por pura suerte o falta de escrúpulos podía hacerse con la vida y el destino de millones, en el que la gente no podía saber lo que hacía el Estado con el fruto de su esfuerzo, y en el que la pobreza era la regla y la dignidad un estandarte de unos pocos privilegiados.

No fue la democracia lo que le otorgó el desarrollo social y económico a los países (basta ver el ejemplo de la Argentina u otros países de Latinoamérica), sino la libertad, entendida como poder de decisión sobre el comportamiento personal, fruto tanto del conocimiento como de una posibilidad física de actuar sin restricciones innecesarias u obstáculos artificiales. Y ha quedado muy claro a lo largo de la historia que es la división de poderes, la democracia republicana, el marco político en el cual pueden darse los fenómenos de la igualdad, la libertad y el desarrollo.

Si entendemos por democracia “el gobierno del pueblo”, es decir, si la concebimos como el verdadero poder de decisión de los ciudadanos sobre su comportamiento y el de sus gobernantes, sólo un sistema con un parlamento responsable y representativo, con una justicia independiente y con mecanismos adecuados de transparencia y control de los gobernantes puede ser considerado una democracia. Esto es así, básicamente, porque sólo en un contexto semejante el poder deja de ser ilimitado y discrecional, por lo que deja de poder ser usado en contra de ese mismo pueblo que acude a votar, para conculcarle sus derechos, someterlo y abusarse del mismo.

Además, la historia comprueba esto de manera contundente. El primer país en industrializarse fue Inglaterra, y lo hizo a continuación de establecer en el mundo el primer sistema de división de poderes de carácter representativo y nacional. Luego de la Revolución Gloriosa de 1688, tuvo Inglaterra durante cien años la tasa de crecimiento más acelerada del planeta. Y esto a pesar de la escasa tecnología existente en la época en comparación con la actualidad, y a pesar de que el voto no era totalmente democrático sino restringido a los que tenían cierta propiedad o pagaban determinada cantidad de impuestos.Todos los países desarrollados de la actualidad presentan signos auténticos y evidentes de división de los poderes del Estado, al tiempo que Chile, el país que mejor se desempeña económica y socialmente en Latinoamérica, es al mismo tiempo el país de la región que se lleva las mejores calificaciones en materia de división de poderes, independencia judicial, transparencia, institucionalidad, legalidad, etc.Quienes se oponen a la división de poderes, señalan el descontento de los pueblos desarrollados con sus instituciones republicanas, así como la creciente complejización y aceleración de la sociedad, como argumentos que en teoría darían cabida a la necesidad de abandonar este sistema.

Claro que los consensos y las políticas de Estado requieren de un esfuerzo para ser alcanzados y mantenidos en el tiempo, pero el hecho de que sea más difícil aprobar una ley no tiene por qué significar algo negativo.

Ojalá en la Argentina tuvieran que esforzarse tanto los presidentes para aprobar las leyes. De esa forma, se alcanzarían consensos más amplios y por lo tanto más estables. Las leyes serían más imparciales y equitativas, mientras que, mediante la experiencia, se las podría ir regulando o perfeccionando, sin que quepa la posibilidad de cambios repentinos, drásticos, arbitrarios y constantes en lo que respecta a las reglas de juego que regulen nuestra convivencia social.

En EEUU, por citar un ejemplo, la gente sabe cuál es el congresista que la representa, y puede muy fácilmente castigarlo con el voto, ya que hay una elección por circunscripción uninominal, por lo que uno puede pensar que la opinión negativa en las encuestas recientes sobre la actuación del Congreso es, más que nada, un modo menos drástico de castigarlo, de manera anticipada, para influir sobre el comportamiento del representante...

Creo por eso que las razones de la baja popularidad del Congreso norteamericano y de algunos otros poderes legislativos de países republicanos y desarrollados son principalmente dos: 1) El nivel de exigencia de esos pueblos hacia sus dirigentes es mucho mayor que, por ejemplo, el nuestro (en EEUU Kirchner ya habría sufrido 357 juicios políticos), y 2) Hay un gran acuerdo ideológico entre los ciudadanos y los partidos mayoritarios. Es decir, se discuten cuestiones mucho más particulares y menos trascendentes de las que se discuten en países como el nuestro, mientras que en el resto de las cuestiones se ponen de acuerdo, por lo que el análisis de esos pueblos sobre la actividad de sus congresos se ve forzado a ser realizado en función de los avances que se hayan alcanzado en esas pequeñas cosas que tienen pendientes (en comparación con las cosas que tenemos pendientes los argentinos, como la división de poderes, la transparencia, el federalismo, la corrupción, el capitalismo de amigos, la falta de independencia de la justicia, el clientelismo sistemático, etc.).

Quienes defienden una democracia meramente formal y autoritaria, se agarran de datos como que los estadounidenses no ven con buenos ojos a su actual Congreso, para hacernos creer que el parlamento es algo del pasado, pero a nadie se le ocurriría en EEUU, por ejemplo, abolir el parlamento (sea de manera real, quitándole sus funciones más importantes, o virtual, por medio del sistema de listas, que hace que los congresistas respondan a su jefe partidario antes que al pedazo de pueblo que lo votó).

No creo que sean comparables ambos sistemas y ambas sociedades, y menos que sea razonable creer que la solución a nuestros problemas es saltearnos el paso institucional que, en todo el mundo y a lo largo de la historia, ha dado origen a la representatividad y el desarrollo.

En todo caso, si un parlamento o poder legislativo se vuelve medio engorroso, habrá que apostar más al federalismo y la descentralización, generando capacidad de resolución de conflictos en los gobiernos y los parlamentos locales, para que sólo por excepción y para cuestiones generales se tenga que alejar la política hasta el plano nacional mediante leyes uniformes para todo el país.

No me queda ninguna duda de que la solución es más democracia, y no menos, y que jamás será sensato entregarle nuestros derechos y poder personal en bandeja a un presidente que esté en condiciones de eludir todo tipo de control o limitación... De hecho, esto último es lo que hemos venido haciendo los argentinos prácticamente en los últimos cien años, y así nos fue…

Rafael E. Micheletti